Entre el 9 y el 11 de septiembre del año pasado, 8 personas murieron en la capital del país y otras tres más en Soacha por disparos propinados por agentes de la Policía Nacional, en medio de las manifestaciones que se realizaron en esta época.

Las familias de las víctimas siguen buscando justicia y sólo cuatro agentes han sido imputados por los hechos, aunque están en libertad y no han sido apartados del servicio. Respecto a estos hechos, la Fiscalía y la Policía se mantienen sin proporcionar información sobre las investigaciones.

Las manifestaciones de miles de jóvenes en 2020 se dieron porque querían pedir justicia, tras el arresto arbitrario, tortura y asesinato del joven universitario Javier Ordóñez por parte de la Policía, la noche del 8 de septiembre.

Esa noche al menos 300 personas resultaron heridas, 75 de ellas por arma de fuego y 10 fueron asesinadas en Bogotá: 8 por disparos de uniformados según un balance de la Alcaldía. Otras tres más murieron en Soacha. “Hay evidencia contundente que miembros de la Policía Nacional usaron sus armas de fuego de dotación para disparar de manera indiscriminada en varias localidades y barrios de nuestra ciudad. Lo ocurrido el año pasado fue una masacre de jóvenes”, recordó ayer Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Por su parte, el Director de la Policía, Jorge Luis Vargas, aseguró este jueves que las personas acusadas han sido apartadas del servicio de vigilancia y están en otro tipo de actividades administrativas. Según las cifras de la Policía hay 18 agentes sancionados por los hechos, aunque no han dado información de dichas sanciones.

Ayer, un año después de los sucesos, se registraron protestas y vandalizaciones en el CAI de Villa Luz en la capital colombiana, donde fue llevado Javier Ordóñez después de ser detenido aquella noche del 9 de septiembre de 2020. Tres personas resultaron heridas.