La procuradora Idayris Yolima Carrillo Pérez, delegada ante el Consejo de Estado, emitió un concepto en el que dice que el Tribunal Superior de Cundinamarca es el competente para, en primera instancia, estudiar la denuncia que pide que el presidente Iván Duque vuelva a hacer un cambio en su gabinete, para cumplir con las ley de cuotas.
Añade que “todas las entidades estatales del nivel territorial y del nivel central, sin excepción, están obligadas al cumplimiento de estas normas” y aseguró que su intervención será para que se garantice el “acceso material, igualitario y adecuado a las mujeres en los altos cargos del Estado”.
Exactamente, la denuncia a la que se refiere la Procuraduría es contra el nombramiento de Daniel Palacios como Ministro de Interior (en reemplazo de Alicia Arango), porque con él se dejó de cumplir la ley de cuotas, que dicta que el 30 % de su gabinete debe estar conformado por mujeres.