El Tribunal Administrativo del Atlántico falló una acción de cumplimiento interpuesta por la activista barranquillera Marla Gutiérrez. Se le ordena al Ministerio de Transporte retirar una placa honorífica puesta en el Túnel de la Línea.
En la placa están escritos los nombres de la vicepresidente y otros funcionarios, lo que está prohibido según el inciso 2° del decreto 2759 de 1997, que no permite “la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.
Hasta ahora el Gobierno tiene 30 días para retirar la placa, lo que podría cambiar, ya que Invías impugnó la decisión y todavía no se ha dicho la última palabra.