La Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 811 de 2020, que establece medidas para la inversión y la participación accionaria del Estado, por la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La sala plena con una votación de 5 a favor y 4 en contra, argumentando que el control automático de constitucionalidad no superó los juiciosos de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.
Este decreto se trataba de reglas para que el Estado invirtiera en sociedades para salvar la empresa y más adelante disponer de esta inversión. No se trataba de privatizaciones, sino de medidas para enfrentar la crisis derivada del virus.