Para utilizar dos adjetivos benévolos, la situación social y económica de Manizales como consecuencia de los estragos que ha dejado la pandemia es dramática y angustiosa.
La ciudad tiene 34.208 nuevos desempleados, la tasa más alta en los últimos veinte años; solo en todo el territorio nacional, la tasa de desocupación llegó en julio al 20.2%, contra un 10.7% del mismo período el año anterior. En la capital caldense se pasó de 21.036 desempleados a comienzos de año a 55.245.
En el caso de Manizales el reporte fue todavía más desolador: la tasa de desocupación fue del 27% entre mayo y julio, la tasa más alta en las dos últimas décadas. El panorama es dramático y dantesco, estos sí son los adjetivos más apropiados para retratar el panorama.
No hay una cifra sobre el número de establecimientos comerciales que cerraron sus puertas como consecuencia de los estragos que ha dejado el covid19, pero son cuantiosos. Pequeñas y medianas industrias, pequeños y medianos establecimientos de comercio, se vieron precisados a cesar actividades por razones similares.
Las esquinas de los barrios populares, aquellos donde la pobreza es rampante y las gentes carecen de oportunidades porque son excluidos de la mano oficial, se llenan desde temprana hora de jóvenes sin esperanzas, quienes se dedican al consumo de sustancias psicoactivas. Los gobernantes no han diseñado programas de recuperación que incluyan la ocupación del tiempo libre.
Las ayudas miserables entregadas por la administración municipal a las familias pobres, no alcanzaron a paliar las necesidades de alimentación que tienen las gentes y no resulta exagerado afirmar que en la ciudad hay familias que tuvieron que reducir los alimentos de tres a dos raciones diarias, o a una en algunos casos.
El trapo rojo se advierte todavía, en señal de desespero, en portones y ventanales de viviendas de Manizales, situadas en sectores urbano y rural, indicativo patético e irrefutable de que en la ciudad hay gente que aguanta hambre.
Como medida de choque, la administración municipal se obstina en construir un tercer ramal del cable aéreo, que generará algunos empleos para trabajadores de la construcción, pero que resultará absolutamente insuficiente para mitigar esta crisis que vivimos, de imprevisibles consecuencias. El municipio no tiene el músculo financiero necesario para este proyecto, que requerirá del apalancamiento del gobierno nacional, con toda la tramitomanía que ello implica.
La prioridad ahora, ciertamente, es contribuir a reactivar la economía, a facilitar que talleres artesanales, pequeñas empresas y comercios medianos, dispongan de un “plante”, para poder reiniciar; que se destinen recursos para diseñar líneas de crédito que favorezcan esos sectores, y que se garantice el cumplimiento de esas obligaciones, mediante mecanismos similares a los de la banca comercial. Una línea que permita que la señora que vende arepas fortalezca su actividad, o que el tendero que vio confundido como las estanterías de su establecimiento se desocuparon en tres meses, tenga ahora una reanimación económica.
Y a este desalentador panorama habrá que sumar el tema de la salud mental; las consecuencias que deja la pandemia en este aspecto son desconsoladoras: aumento de los índices de depresión, aumento inusitado de los casos de suicidio (26 en lo que va corrido del año), violencia intrafamiliar y problemas de convivencia.
Lo peor es que este panorama tan sombrío, puede incubar una racha de inseguridad, porque las gentes están desesperadas y en medio de la angustia se vuelve propensa la inclinación a la delincuencia.
La historia juzgará seguramente a nuestros gobernantes por estas circunstancias: dejar a la deriva a miles de ciudadanos por indolencia y falta de compromiso social es pecado capital.
Como bien lo dijo el senador Iván Marulanda, Colombia asiste a una verdadera catástrofe humanitaria. Las cifras y la información que maneja la alcaldía de Manizales no dicen nada frente a la magnitud de la catástrofe en medio de una ciudad con miles de desempleados y niños con hambre, con desnutrición crónica. Esta tragedia social no se alivia con proyectos cuya financiación no está asegurada, como la tercera línea del cable.
Las urnas, seguramente, más temprano que tarde, pasarán la cuenta de cobro a la incompetencia y falta de sensibilidad social.