Transporte público, lo difícil de ser propietario en tiempos de pandemia
Por: Olga Lucía Ríos Gaitán
El país atraviesa una de sus más profundas e imprevistas crisis por cuenta del COVID-19. Varios sectores se han visto afectados por el paro de actividades y el sector transporte, naturalmente, no es ajeno a esta contingencia. En este momento, no parece para nada viable detener la prestación del servicio de transporte público en las ciudades, mucho menos, si la intención de los gobiernos en los distintos niveles territoriales es reactivar la economía de manera paulatina. No obstante, el poner en marcha este servicio no puede hacerse al margen o sin tener en cuenta las necesidades propias de los operadores, propietarios y conductores, incluso, desentenderse de la alta exposición de estos últimos y el riesgo que asumen a ser contagiados por cuenta de la prestación de este servicio.
Desde el mes de marzo los buses de transporte público no salen de los parqueaderos, y los que eventualmente lo hacen están trabajando a pérdida, pues se ha restringido y reducido el número de pasajeros que pueden transportar, y adicional a ello, los costos operacionales siguen siendo los mismos: la misma cantidad de combustible, llantas, desgaste del automotor y costos laborales que no disminuyen.
Los contratos de vinculación (Art. 48, Decreto 170 de 2001), en los que el propietario del vehículo afilia su automotor a una empresa que lo habilita para prestar el servicio, se están yendo al piso, pues la contraprestación, comúnmente llamada “rodamiento”, se ha hecho imposible de pagar por parte de los propietarios.
Y la situación para estos propietarios se agrava con cada día que pasa, pues desde el inicio de esta pandemia sus vehículos no han generado mayor utilidad y se encuentran, literalmente, parados o trabajando sin reducción alguna de costos operacionales. El pago de rodamientos (cánones mensuales a las empresas), los cuales constituyen en promedio unos $3.400.000, y de obligaciones asociadas al servicio no dan descanso, como seguros de RCE, SOAT, parqueadero e incluso, altas cuotas crediticias por la adquisición de estos automotores; además, del degaste propio del vehículo, sin el retorno de utilidades, que va restándose a esos 20 años de vida útil en promedio que tienen buses y busetas de transporte público.
Lejos de mejorar, parece que no se tienen planes de contingencia para este sector, más que las amenazas de sanciones si suspenden la operación o abandonan las rutas. Se hace cada vez más necesaria una estrategia que incluya a conductores de buses, colectivos, taxis, servicios especiales y camperos mixtos, que garanticen no solamente la prestación del servicio, sino que ofrezcan alivios financieros a propietarios y empresarios del sector transporte.
El componente de calidad y seguridad del servicio que trata el articulo art. 4 del decreto 170 de 2001 que dispone “TRANSPORTE PÚBLICO: de conformidad con el artículo 3º de la ley 105 de 1993, el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica”, nos obligan además a implementar estrictos protocolos de bioseguridad para la reactivación progresiva del sector. Sin duda, el transporte permitirá que la economía se vaya recuperando, pero la integridad de los usuarios tiene que ser parte de los planes de contingencia.
De otro lado, si queremos garantizar la calidad del servicio y una frecuencia de rutas cada vez más provechosa para las ciudades, es necesario que las empresas aseguradoras y administraciones locales, concerten alivios para propietarios y empresas de transporte o extensión de plazos para pago de obligaciones.
Únicamente si sumamos esfuerzos, podremos superar juntos esta crisis.
Olga Lucía Ríos Gaitán
Consultora – Investigadora