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Alcaldía pretende reversar cobro de plusvalía

Por: Germán Ríos Martínez

La Secretaría de Planeación de Manizales expidió en mayo de este año la resolución 010 por la cual  liquidó el impuesto de plusvalía contra 227 predios situados en sectores urbanos y rurales, gravamen que le generaría ingresos estimados en $180.000 millones de pesos.

Por plusvalía se entiende el incremento en el valor del suelo producto de una acción estatal, en este caso el municipio de Manizales, como son las obras públicas o sus mejoras. La plusvalía se debe cobrar entre otras cosas para reemplazar la valorización, para aplicar un instrumento más serio en la financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Las inversiones que se vayan a ejecutar con los dineros de   la plusvalía no podrán ordenarse al arbitrio del alcalde, sino que tendrán que obedecer a obras claramente identificadas en el Plan de Desarrollo, destinadas a la satisfacción del bien común y a mejorar la calidad de vida de la población. La administración de Manizales no ha identificado aún las obras que ejecutará con esos dineros.

Para explicar con un ejemplo el término denso de plusvalía, digamos que  un urbanizador manizaleño adquirió un predio en una reserva forestal por $ 800 millones de pesos, y se calcula que cuando venda todo su proyecto habitacional, habrá percibido ingresos por $ 250.000 millones de pesos. Allí hay que cobrar el impuesto de plusvalía porque ese especulador inmobiliario se beneficiará de una manera superlativa de las obras públicas construidas por la municipalidad en su terreno.

El cobro de la plusvalía se reglamentó en Manizales en el año 2003, pero ni Néstor Eugenio Ramírez, ni Germán Cardona, ni Luis Roberto Rivas, ni Juan Manuel Llano,  se decidieron a cobrarla; fue reglamentada por el exalcalde Jorge Eduardo Rojas, pero la propuesta se hundió en el Concejo por presiones de los urbanizadores. El exalcalde Cardona León retomó el tema en 2017 y contrató los estudios con un experto  abogado bogotano, Jorge Eliécer Gaitán Santos.

La actual administración disponía de un plazo de ocho meses contados a partir del momento en que se aprobó el cobro, agosto de 2017, de modo que la resolución 010 podría tener  visos de ilegalidad.

Adicionalmente, hizo falta un proceso de sensibilización a los propietarios, muchos de los cuales miran horrorizados cómo ahora se les anuncian cobros hasta de $ 16.000 millones de pesos. Hay predios gravados cuyo avalúo vale menos que la plusvalía que ahora se les cobra, y hay algunos que ni siquiera están conectados a la red de acueducto, y sin embargo, ya fueron notificados del cobro de la plusvalía.

Ahora  nos hemos enterado de que el alcalde Carlos Mario Marín, quien como concejal aprobó el cobro, ha ordenado a sus asesores jurídicos estudiar la forma de no cobrar la plusvalía, apoyado en la crisis económica que se deriva de la pandemia. Es decir, que la administración de Manizales busca fórmulas para hacerle un esguince al mandato del Concejo y a la misma  resolución de Planeación.

No quisiéramos estar en el pellejo del alcalde Marín y de sus abogados, porque estamos frente a un hecho trascendental en el desarrollo de la ciudad. Un sector del Concejo de Manizales argumenta que únicamente esa Corporación está revestida de la facultad para realizar el cobro y que la posibilidad de no cobrarlo, no puede ser competencia del Ejecutivo.

Las autoridades están facultadas por la ley 388 de 1997 o ley de ordenamiento territorial, a cobrar una plusvalía en un rango que oscila entre el 30 y el 50%. En el caso de Manizales y Pereira, se aplicó el 50%.

La discusión apenas comienza, pero varios concejales han recordado que la decisión de cobrar o no cobrar la plusvalía es competencia exclusiva del Concejo, y que una decisión en contrario, podría acarrearle problemas legales a la administración.

Germán Ríos Martínez

Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en radio, prensa, televisión y periodismo corporativo. Dirige y presenta la radio-revista semanal Horizontes.