Al menos dos exfuncionarios de Manizales salieron de la administración municipal a ocupar cargos o hacer negocios con la firma que pretende construir un proyecto de vivienda en el área de expansión urbana de La Aurora, aledaña a la reserva forestal de Rioblanco.
“Hay una ‘puerta giratoria’ en la cual se toman decisiones para favorecer a unos privados y luego se van a hacer parte de unas constructoras, a defender unos intereses particulares. Eso no se puede permitir”, denuncia el concejal Carlos Mario Marín, del partido Alianza Verde.
El primer ejemplo que pone es el de Hernán González, exsecretario de Obras Públicas y actual subgerente técnico de la firma CFC&A Ingeniería S.A.S. Esta ya tiene licencia de urbanismo y tramita la de construcción para la Biociudadela Tierra Viva, un proyecto de vivienda que llevaría a cerca de 10.000 personas a vivir en La Aurora.
Este suelo de expansión y la obra que allí se desarrollaría han sido el tema de más compleja discusión en el Concejo, con motivo del proyecto de acuerdo del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está en trámite y el pasado martes empezó su primer debate. La ponencia, de hecho, pide eliminar este y otros cuatro polígonos, de ocho destinados destinados al crecimiento de la ciudad.
Justamente, González estuvo en el gabinete de Jorge Eduardo Rojas, entonces alcalde y hoy ministro de Transporte, desde octubre de 2013 hasta enero de 2015. Para esa época, la constructora para la que trabaja en la actualidad estaba tramitando el plan parcial de La Aurora, que se adoptó cuatro meses después de su salida de la Secretaría.
Aunque estos procesos son competencia de Planeación y no de Obras Públicas, Marín destaca que esas dependencias “trabajan de la mano” y que hay un caso más, señalado en sesiones previas del Concejo por cabildantes como César Díaz, coordinador de ponentes del nuevo POT, y Rafael Torregroza, ambos del Partido Liberal.
El socio condenado
Ese otro exfuncionario que pasó del sector público local a hacer negocios con CFC&A fue Jorge Alberto Vélez Jaramillo. Cuando se creó el área de expansión de La Aurora en 2003, él era gerente de la empresa de acueducto Aguas de Manizales, la encargada de dar los permisos para llevar las redes correspondientes a esa zona.
Toman decisiones para favorecer a unos privados y luego se van a hacer parte de unas constructoras: concejal Marín
Casi una década más tarde, como propietario del predio beneficiado, se convirtió en el promotor del plan parcial de La Aurora que se empezó a formular en 2012. Luego, Vélez pasó por el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) como representante del sector privado, en 2014 y 2015.
“Allí ejerce todas las presiones para que esto salga, porque construir al lado de una reserva no es fácil”, asegura Marín. Esa entidad ha emitido conceptos técnicos favorables a la ciudadela y, en ese entonces, concertó el respectivo plan parcial en materia ambiental.
Para ese momento, además, ya pesaba en su contra una condena emitida en julio de 2012 por peculado por apropiación y falsedad en documento privado, delitos que cometió como gerente de Aguas. Su culpabilidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en marzo pasado y la sentencia quedó en dos años y ocho meses de prisión.
No obstante, en un reciente debate de control político sobre Tierra Viva, el vocero de CFC&A reconoció que el condenado exfuncionario aún es socio del proyecto. Esta relación se da a través de la firma promotora Vélez Uribe Ingeniería S.A., de la que él es gerente.
Este miércoles, la comisión primera del Concejo de Manizales debatirá los artículos del proyecto de acuerdo para el nuevo POT referentes a los suelos de expansión y el de La Aurora podría desaparecer, como lo pide la ponencia radicada la semana pasada por Díaz, el conservador Julián Fonseca y Andrés Sierra, del Mira.
Es por eso que Marín lo considera “un día histórico”. Según él, “sería la primera vez que el control político se pone los pantalones y le dice a los constructores que que primero está el interés general que el particular”, con base en una sentencia de la Corte Constitucional (la C-192 de 2016). Esta establece que no hay derechos adquiridos por privados que impidan modificar los usos del suelo.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y CFC&A han manifestado que una decisión en contra de Tierra Viva podría afectar la “seguridad jurídica” de su actividad en la ciudad.
Pese a esto, no es seguro que se detenga el proyecto, porque ya cuenta con la licencia de urbanismo que organizaciones sociales y ambientalistas buscan reversar por vía judicial con el apoyo de la Personería de Manizales.