Siete nacionales que estaban pedidos por la justicia internacional por casos de narcotráfico, secuestro y lavado de activos en el exterior, y habían regresado al país para tratar de eludir a las autoridades, fueron capturados por Interpol Colombia en una de las más grandes redadas de los últimos años.

Los siete tenían orden de captura por circular roja de Interpol y eran considerados objetivo de alto valor. Ellos, dice el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, siguieron un patrón de comportamiento criminal: “Muchos delincuentes salen del país por tres o cuatro años a delinquir y regresan a refugiarse, porque se sienten seguros en su territorio”.

El 17 de mayo cayó Adriano Castellanos Pedraza, quien es requerido por Ecuador por lavado de activos. Está acusado de ser socio y fundador de las empresas Escastell y Prospermundo, registradas en Miami y Weston (EE. UU.) y que fueron utilizadas como fachada para transferir cerca de 230 millones de dólares de un programa social en Venezuela (entre los años 2008 y 2010), el cual involucró al menos a 60 empresas de ese país y 40 empresas ecuatorianas a través de supuestas exportaciones. El dinero era enviado a los pocos días a Florida, en una clara operación de blanqueo de capitales.

El socio de Castellanos, Pablo Emilio Silva, venezolano, se encargaba de transferir el dinero a Ecuador, luego de realizar ventas ficticias en Venezuela de un programa de viviendas de interés social.

La red utilizaba los sistemas de cooperación de los países miembros del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) para mover los capitales.

Castellanos tenía circular roja desde el año pasado y vivía en Bogotá, con el perfil de un hombre de clase media que se daba lujos pero sin ser excéntrico. Su captura se logró gracias al intercambio de información con la Policía ecuatoriana, que ubicó a una persona de confianza de Castellanos en el vecino país, y así se tuvo el indicio de que podría encontrarse en Colombia. Hay expectativa porque Castellanos podría prender un ventilador que salpicaría a altos funcionarios venezolanos por corrupción.

En Ituango, Antioquia, fue capturado en una casa campestre Carlos Andrés Ibarra Romero, conocido como el ‘Pacificador’. Las autoridades de Bolivia lo buscaban desde el 2011 por el secuestro de una menor de edad, hija de un empresario, por el que se pagaron 300.000 dólares de rescate.

En su momento, en Bolivia se atribuyó el secuestro a las Farc. Investigadores determinaron que se trataba de una red de narcos colombianos que empezó a operar en Santa Cruz de la Sierra, la región más rica del país suramericano, y que para financiarse recurrió inicialmente al secuestro. Este delincuente tiene varias propiedades, en especial en Villavicencio, las cuales están en proceso de extinción de dominio.

Otro de los expedientes que se cerraron con las capturas es el de la ‘cocaína negra’, el cual fue famoso en Argentina en el 2009. Pablo José Giraldo, el ‘Químico’, fue capturado en La Tebaida, Quindío, en una suntuosa propiedad. Él es señalado como el cerebro del proceso que permite volver líquida la cocaína e impregnarla en el carbón. “La droga la traía desde Colombia su socio, Héctor Fernando Muñoz –capturado en Jericó, Antioquia– y en la Provincia de Salta, en Argentina, tenían un laboratorio donde impregnaban el carbón y lo enviaban a Europa”, dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de la Dijín-Interpol Colombia. Estos dos hombres serán extraditados a Argentina.

Los últimos tres capturados están sindicados de narcotráfico. Carlos Andrés Martínez Bedoya sería el líder de una red, Fray Mauricio Bravo Plazas enviaba cocaína a Holanda y Robbin Lozano Padilla es señalado de contaminar embarcaciones mientras estas se encontraban en alta mar.