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Los plazos establecidos en el Acuerdo Final de Paz con las Farc para el desarme total de esta guerrilla ya no se cumplieron. Esto ya es un hecho, pues la entrega integral del armamento a la Misión de Naciones Unidas, según el cronograma original, debía darse el pasado 29 de abril, cuando se cumplió el día D+150.

Y esto no ocurrió por los imponderables que suelen presentarse en la puesta en marcha de un acuerdo de paz en cualquier parte del mundo.

En el caso del acuerdo con las Farc, la implementación se topó desde el comienzo con retrasos que irremediablemente están impactando los tiempos del desarme.

Para empezar, hubo grandes dificultades logísticas para adecuar los campamentos donde esa guerrilla se agrupó para entregar las armas. Adicionalmente, la tramitología para otorgar las amnistías e indultos a los guerrilleros con derecho a estos beneficios, ha resultado más compleja de lo esperado. De los presos, unos 2.500, menos de 200 han obtenido su libertad.

Y hasta se puede hablar de falta de previsión de las partes frente a lo que significaba operativamente la gigante tarea de recoger y transportar todo el armamento que tienen almacenado las Farc en lugares remotos de la selva.

Por eso, lo que está sobre la mesa hoy es que, al menos, para el 29 de mayo se complete la entrega de las armas individuales de los guerrilleros, agrupados en 26 sitios del país. Son 6.884, y de acuerdo con las Farc, el número de armas no estará muy lejos de esta cifra.

Es el 29 de este mes cuando se cumple el día D+180, es decir, el día en que, según el Acuerdo Final de Paz, esos lugares deben haber terminado como sitios de desarme o zonas veredales, porque las Farc habrán dado su paso definitivo a la vida legal.

“Aunque no es fácil, en las Farc estamos haciendo todo lo posible para que las armas individuales se terminen de entregar el día D+180”, le dice a este diario el jefe guerrillero Pastor Alape.

Para el Gobierno es fundamental que este plazo se cumpla. “Según lo pactado en la reunión de Cartagena, cuando evaluamos el avance de la implementación de los acuerdos, sobre la base de que el día D+180 está cumplido el desarme de los integrantes de las Farc y que se acaba la figura de las zonas veredales, el Gobierno está dispuesto a aprovechar la infraestructura que hemos construido en esos sitios para preparar a los miembros de las Farc para su reincorporación y capacitar también a las comunidades aledañas”, sostiene el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Incluso, tras su inédita visita esta semana al país, el Consejo de Seguridad de la ONU, que fue el que aprobó la Misión de ese organismo en Colombia, regresó a Nueva York con la idea de que el Gobierno y las Farc tienen “cosas que arreglar”, pero que eso no debería alterar el cronograma del desarme, al menos el de las armas individuales.

“Se está trabajando sobre el día D+180, no hay ningún otro plan por el momento”, le dijo a EL TIEMPO el hoy presidente de ese organismo, el uruguayo Elbio Rosselli.

Sin fecha clara

Lo que definitivamente no se dará en el tiempo establecido en el Acuerdo Final de Paz es la extracción de las armas de las 949 caletas reportadas por las Farc. Pues una cosa es la voluntad política del Gobierno y esa guerrilla, que sin duda existe, y otra cosa es la realidad en el terreno. La fecha para concluir este proceso se definirá en los próximos días.

Extraer armas, municiones y explosivos de más de 900 sitios, varios de los cuales pueden quedar a semanas de camino a pie, o a los que solo se puede acceder por ríos o en helicóptero, es una operación de alta dificultad logística.

Esto, sin contar con que a algunas de las zonas que dejaron las Farc están ya copadas por bandas criminales y es necesario asegurarlas para entrar a ellas y vaciar las caletas.

Aunque esta realidad supera al Gobierno y las Farc, sería ingenuo desconocer que se convierte para las partes en un problema político. Es esperable que los opositores del acuerdo de paz la usen para hablar de incumplimiento de lo pactado en La Habana.

Y esto puede seguir impactando el escepticismo con que ya de por sí una buena parte del país ve el proceso de paz.

La última encuesta de Gallup muestra que va en ascenso el porcentaje de colombianos que creen que la implementación del acuerdo de paz va por mal camino. En diciembre era de 43 por ciento, y en abril era del 57 por ciento.

De hecho, según el mismo sondeo, más de las dos terceras partes del país piensa que el acuerdo de paz no va a traer más seguridad, no acabará con el narcotráfico, ni logrará una mejor distribución de la riqueza en el campo. Es decir, hay una desconfianza generalizada sobre los beneficios del acuerdo de paz con las Farc.

Esto, paradójicamente, contrasta con el entusiasmo que ha provocado la paz con las Farc a nivel internacional, como quedó demostrado esta semana con la visita de los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU, máxima instancia de este organismo y en la cual tienen asiento permanente las principales potencias del mundo: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China.

Durante su estancia en Colombia, el Consejo de Seguridad no solo se manifestó satisfecho con los avances del proceso de paz, sino que dijo que es lo más importante que está ocurriendo el mundo en materia de pacificación.

“En Colombia vemos un proceso exitoso. Basta ver lo que está ocurriendo en Yemen o en Siria, para darse cuenta que es así”, le dice este diario el embajador sueco en el Consejo de Seguridad, Olof Skoog.

El mismo diplomático afirma que aunque el Consejo de Seguridad escuchó a los negociadores del Gobierno y las Farc hablar de obstáculos, como los tiempos del desarme y los retrasos en las amnistías, ese organismo no entró en los pormenores de lo que está ocurriendo con la implementación de los acuerdos.

“Lo importante para nosotros no es meternos en los detalles sino ver el compromiso de las partes. Salimos de las reuniones con la impresión de que el proceso de paz con las Farc está avanzando, que las partes quieren cumplir con los acuerdos”, afirma Olof Skoog.

Es lo que poco se ve en Colombia, mientras que para el mundo es una gran noticia que cerca de 11.000 guerrilleros –entre los que hay en los campamentos, los presos y los milicianos– estén a un paso de dejar las armas para hacer política legal.

Los trámites de amnistía para los guerrilleros, según el Gobierno

Si están en la cárcel

La amnistía debe ser concedida por un juez.

Si están en zonas de desarme

La amnistía para los guerrilleros que están en estos sitios proviene de una resolución presidencial, una vez que la ONU certifique su desarme.

Si están procesados

Si algún guerrillero de las zonas de desarme tiene proceso abierto por rebelión u otro delito no grave, debe acudir a un juez para que le levante la orden de captura. Si tiene proceso por delito grave, también debe acudir ante un juez para que le suspenda la captura mientras va a la JEP.

El Tiempo