Por falta de “información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades”, el sábado 30 de noviembre la Procuraduría General de la Nación pidió suspender o revocar la Resolución 350 de 2019, en la que establecen las cuotas globales de pesca 2020, de especies como el tiburón.

Con esta resolución, publicada en el mes de octubre se autoriza a los pescadores artesanales poder cazar hasta 125 toneladas de tiburón y 5,2 toneladas de sus aletas.

Sin embargo, la Procuraduría en carta enviada al Ministerio de Agricultura, indicó que en Colombia no se tienen estudios de las consecuencias ambientales que este tipo de pesca generar en el ecosistema.

Además, de afirmar que dentro de esta resolución no se tiene claridad sobre los controles, ni están definidas las tallas de medidas de tiburones que pueden ser atrapados, y destacó que tampoco debería autorizarse el aleteo, práctica prohibida en la resolución de 2017.