“¿Por qué pasó esto?, ¿por qué a esas personas?, ¿por qué si ese barco ya había tenido un hundimiento lo dejaron seguir trabajando?”, son las preguntas que se hace Ana Milena García, una de las sobrevivientes del naufragio de la embarcación El Almirante, que se hundió cuando recorría el embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia.
La tragedia dejó un saldo de siete personas muertas y dos desaparecidas. Dos más permanecen bajo observación médica. Los demás sobrevivientes tienen algunos golpes, pero no hay reportes de lesiones graves.
Tras visitar el lugar de la tragedia, funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transporte adelantan la investigación administrativa para esclarecer las causas que originaron el incidente.
Algunos testigos aseguran que la embarcación no contaba con el mantenimiento adecuado, pese a que en marzo de este año ya había sufrido un accidente similar.
De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Asobarcos no contaba con los registros de operador turístico al día, por lo que ordenó su cierre inmediato.
“Se constató que la empresa no contaba con el Registro Nacional de Turismo, por lo que se procedió con la clausura de ese establecimiento de comercio como lo ordena la ley”, indicó el Ministerio.
Representantes de Asobarcos manifestaron a EL TIEMPO que no entregarán declaraciones por el momento y que todo lo resolverá su abogado.
La Policía de Guatapé confirmó que el hecho ocurrido en marzo “fue producto de un mal procedimiento de quien hacía mantenimiento del barco, pero fue en el lugar de atranque y no estaba en movimiento ni llevaba pasajeros”.
Según las autoridades, El Almirante contaba con una capacidad para 280 personas, por lo que se descartó que haya sido un sobrecupo el causante del hundimiento.
Sobre los controles realizados a las embarcaciones, Yomaira Rosales Quintero, secretaria de Turismo de Guatapé, contó que de acuerdo con la Ley 1242 del 2008, quien tiene la competencia de vigilar es el Ministerio de Transporte, que en este caso es representado por el inspector fluvial.
“Nosotros como entidad territorial tenemos acceso hasta la parte superior del malecón, donde vigilamos y controlamos el espacio público. Pero el área de valle y ribera la controla el Ministerio de Transporte”, señaló.
Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, dijo que la empresa Asobarcos Guatapé, dueña de El Almirante, estaba habilitada desde el 2009 para su funcionamiento y su permiso fue renovado en el 2016 porque contaba con los documentos al día.
Aún falta esclarecer si la empresa hizo control interno antes de zarpar, tal como lo establece la normativa nacional.
Las medidas tras la tragedia
Hasta este lunes, según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, las labores de búsqueda de los cuerpos se realizaron sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
“El clima nos obliga a parar, pero las labores de rescate se realizan sin descanso. Se ha dado una confusión con la cifra de desaparecidos porque muchos de los sobrevivientes lograron salir y se fueron. Poco a poco han ido confirmando que se encuentran fuera de peligro y con sus familias”, aseguró Márquez.
Para facilitar la atención de la emergencia, el municipio de Guatapé declaró la calamidad pública.
También, se prohibió la navegación en el embalse. Esta medida, según las autoridades, podría continuar durante este martes, en especial, si los operativos de búsqueda no finalizan.
Por el momento, más de 33 buzos especialistas en rescate de diferentes organismos siguen en el embalse buscando a las dos personas desaparecidas.
Sobre la medianoche del domingo se tuvo que suspender el rescate de cuerpos debido a las fuertes lluvias y a la caída de descargas eléctricas que terminaron afectando a uno de los buzos que se encontraba saliendo de la represa. Por fortuna, no presentó lesiones mayores y fue llevado a un centro asistencial.
El escuadrón, según la UNGRD, realiza inmersiones de aproximadamente 15 minutos de hasta 40 m de profundidad.