Aunque en Pereira no se tiene una cifra exacta de cuántos presos saldrían, si hay claridad de que hay 316 hombres sindicados y 120 mujeres (Con posibilidades de quedar en libertad debido a la ley 1760 del 2015), que quiso introducir algunos cambios a la legislación 906 del 2004 que busca exigir una mayor rigurosidad para que la Fiscalía y la Justicia en un plazo máximo de un año, resuelvan la situación judicial de estas personas que se encuentren con privación preventiva, pues de no llevarse a cabo lo estipulado, los reclusos pueden reclamar su libertad después de un año, esto a favor del vencimiento de términos.

 

Para Hernando Torres, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre hay una coyuntura por el tema de la condición de hacinamiento en los centros carcelarios, por ejemplo la prisión de la ciudad tiene capacidad para 800 presos y hoy cuenta con casi 2000 internos y como allí no reciben a más detenidos, entonces  los están enviando a diferentes estaciones de Policía, y la UPV, lo cual riñe contra el ordenamiento jurídico.

 

Así mismo, una de las causas para que se promoviera dicha iniciativa, tuvo que ver con las privaciones sin pruebas a personas inocentes a las que no se les había llevado el debido proceso, además del gran número de demandas que tiene el Estado, debido al aseguramiento injusto de muchos ciudadanos que después de comprobar su libertad proceden a crear acciones legales en su contra.

 

Así pues, la ley 1760 entró en vigencia el seis de julio de 2015, pero descubrieron que la norma generaría varios tropiezos porque para el 2016 muchos sindicados estarían listos para salir a las calles ya que no habían sido condenados.

 

Debido a esa inminente excarcelación el Congreso expidió el precepto 1786 del 1 de julio del 2016, la cual prorrogó por un año más, la vigencia de la norma 1760 del 2015. “Esto es un problema que ya habían advertido desde en el 2016 y después de dos años no han resuelto la congestión carcelaria”, indicó Carlos Hernán Ocampo, profesor de derecho penal de la Universidad Libre.

 

Por otro lado, para los ciudadanos de a pie la ley genera temor, porque quedan libres aquellos delitos de común ocurrencia como hurtos calificados y agravados, homicidios, venta y producción de estupefacientes, porte ilegal de armas, hasta los relacionados con el feminicidio.

 

No obstante hay algunas excepciones, pero a ésta solo le da un año más para que se defina la situación que son los casos por conductas sexuales, delitos de la jurisdicción especializada o donde hayan tres o más personas investigadas y las faltas contra la administración pública (corrupción).

 

Derecho a la libertad

 

En el artículo del Código del Procedimiento Penal está establecido que una persona tiene derecho a disfrutar de  su libertad.

Por consiguiente debido al hacinamiento que hay en los centros penitenciarios, los problemas de salud, alimentación y las constantes violaciones de los derechos humanos, el Congreso estableció una política acorde con los parámetros de la constitución sobre la importancia de la dignidad, y lo que hace la ley 1760 es que los ciudadanos que se encuentren bajo esas condiciones pero que no han sido condenados puedan ser libres, pues hay casos de años donde permanecen en las cárceles sin recibir una sentencia, y  mientras la ésta no se lleve a cabo, la persona sigue siendo inocente y debe prevalecer el derecho a la libertad.

 

El Inpec

 

La Policía Nacional, La Fiscalía General de la Nación y el Director General del Inpec han señalado que la crisis de hacinamiento de las unidades de detención preventiva en Colombia, tienen como responsable al Inpec y el plan reglamento no permite el ingreso de nuevos internos a los establecimientos, circunstancia contraria a la ley y a la realidad histórica del instituto, ya que el Inpec debe atender a los condenados y los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales  como la Alcaldía y La Gobernación.

“Si hoy en día están en declive los centros de detención preventiva, nosotros colapsamos hace 20 años y desde antes los entes están obligados a atender a la población a la que no le han resuelto su situación penal”, indicó Juan Manuel Zapata vicepresidente UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios).

 

Opiniones de nuestros seguidores

 

– Salomé Osorio: Se van a disparar  los homicidios, van a esperar a las víctimas para “cobrar por mano propia”.w Norbey Bermúdez:  Esta muy mal, la delincuencia va a aumentar porque salen con mas ganas de seguir haciendo lo que mas les gusta.

 

– Norbey Bermúdez:  Esta muy mal, la delincuencia va a aumentar porque salen con mas ganas de seguir haciendo lo que mas les gusta.

 

Dato

En Pereira  el 65 % de la población que estuvo en la cárcel, reincide.

 

Dato

En la Cárcel de hombres hay en total 1.250 internos y en la de mujeres 328.